AMB PERSPECTIVA Joan Grau
Gestión, política y salud. Ingeniero.
La gestión profesional de la sanidad, que sin abandonar la protección universal del estado del bienestar, garantice una máxima eficiencia en la utilización de recursos es una necesidad que pocos ponen en duda. Transparencia eficacia y objetivos comunes claros. Pero para ello, los distintos participes deberían aceptar sacrificios en sus prebendas personales y renunciar a ciertos conceptos arraigados en el sector sanitario…
En el mercado controlado, en que se desenvuelve el Sistema Nacional de Salud, participan varios actores: los políticos, las entidades de atención sanitaria, los sanitarios, las empresas suministradoras, y lógicamente los pacientes. Y precisamente el objetivo debiera ser satisfacer las necesidades de atención de los pacientes.
Del análisis de la situación actual parece deducirse que la realidad no es ésta. Falta una definición de funciones y responsabilidades entre los actores y se mezcla la atribución de estas funciones. Los medios de comunicación no facilitan las cosas, pues a menudo profundizan poco, a veces ni siquiera comprueban si la noticia no ha sido ya publicada, anteriormente, muchas veces. La Sanidad es un bien público y su gestión puede ser efectuada o no por empresas públicas. Esto lleva a la confusión, entre los responsables políticos, que no saben definir quién es el responsable de que el ciudadano reciba la mejor asistencia en sus procesos de enfermedad y en la prevención de estos procesos y cuál es la organización de esta asistencia y de las empresas que la prestan.
Los políticos tienen esta responsabilidad y la de contratar las empresas encargadas de llevar a cabo este trabajo, desde el esencial cumplimiento de la prestación asistencial y hasta controlar los resultados desde el punto de vista económico. El control debería comportar la no renovación de los contratos que justificaban la actividad de estas empresas pero no tiene por qué comportar la participación en su gestión.
Las empresas sanitarias (públicas o privadas) deben cumplir los objetivos fijados por los políticos y responsabilizarse de sus resultados, de la satisfacción de sus usuarios y de sus empleados. Entre las decisiones propias de un Consejo de Administración está la revocación de los gestores que no alcanzan sus objetivos de una manera permanente y no justificada.
Una buena definición de objetivos y funciones, la exigencia en el cumplimiento de las responsabilidades, la pertinencia del control de gestión (no la obsoleta gestión presupuestaria), la necesidad de una comunicación documentada y mecanismos de control de resultados, facilitarían una atención al paciente mas eficaz. Pero claro, es un proceso mas complejo que reducir el número de personas que tienen acceso a las prestaciones.